30 de marzo de 2025

En el contexto de la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) —publicada el 24 de diciembre de 2024—, donde se incorporó un capítulo específico sobre el trabajo en plataformas digitales, la Secretaría de trabajo y Fomento al Empleo (STYFE) del Gobierno de la Ciudad de México, inició un amplio ejercicio de diálogo social con organizaciones de personas que laboran en esta actividad económica. 

Desde la Dirección Ejecutiva de Estudios del Trabajo (DEET), el pasado 21 de marzo de 2025 se entrevistó a Salvador Godínez, originario de Zumpango, Guerrero, y presidente nacional de ANTRAMEX. 

Godínez se incorporó al trabajo en plataformas en 2018, luego de concluir su etapa laboral en Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. Al contar con vehículo propio, Salvador comenzó a conducir para Uber y, desde entonces, ha prestado servicios también en Didi e InDrive, tres de las principales empresas de transporte de pasajeros en la Ciudad de México.

Con el paso del tiempo, la idea de un empleo flexible e ingresos competitivos fueron perdiendo sustento. Salvador comenta: “Las tres empresas son iguales, las tres nos tienen muy precarizados. Lo que las plataformas anuncian como una comisión de 25% por viaje, en la práctica se convierten en descuentos de hasta el 50% o más. Haces un viaje de 110 pesos y te quedan 38”.

En 2019, la falta de transparencia y otros abusos laborales ocasionaron que Salvador y sus compañeros iniciaran un proceso de organización. Salvador comenta que no sólo fue la precariedad económica lo que impulsó la movilización, sino también la violencia y falta de seguridad a la que se enfrentan día a día las personas trabajadoras de plataformas en algunas zonas como Tláhuac, Chalco y Neza:

“Moria mucha gente. A muchos compañeros los asaltaban, desaparecían. Las aplicaciones no nos dan ninguna seguridad”. 

En agosto de 2019, los trabajadores comenzaron a movilizarse primero en una convocatoria donde se congregaron pocos. Fue en la segunda convocatoria en el mismo mes, cuando se concentraron decenas de trabajadores, e incluso Salvador tuvo que utilizar una plataforma de camión como tarima para hablar con sus compañeros. 

“Todos estaban bien emocionados de que alguien saliera a luchar por sus derechos”, relató. 

De esa movilización surgió la agrupación que en un inicio se llamaba Strunam, pero más tarde se transformó en ANTRAMEX.  Actualmente, esta agrupación –de acuerdo con Salvador Godínez— agrupa a más de 50 mil personas en 16 estados del país, con 125 organizaciones locales afiliadas. Hasta marzo de 2025, la ANTRAMEX ha realizado dos convenciones nacionales: una en Guadalajara y otra en la Ciudad de México. 

Según Salvador, uno de los mayores desafíos de ANTRAMEX ha sido romper las barreras ideológicas que impiden que las personas trabajadoras de plataformas digitales se organicen colectivamente. Las plataformas han tenido éxito vendiendo la idea de que cada conductor es su propio jefe. “Ese discurso cala hondo”, dice el Presidente Nacional de ANTRAMEX. A eso, se le suma la herencia de desprestigio hacia la figura del sindicato producto de malas prácticas de los sindicatos tradicionales:

“Sabemos que hay sindicatos que han hecho mal uso de los compañeros, que han abusado de ellos. Entonces los trabajadores desconfían”. 

En 2021, con distintos apoyos, lograron acceder a un espacio formal de diálogo. Participaron en mesas de trabajo junto con personas especialistas, representantes gubernamentales y otros trabajadores de plataformas, con el objetivo de construir propuestas colectivas sobre sus condiciones laborales. En esas reuniones semanales, que se extendieron por más de medio año, construyeron su primer documento: el “Manifiesto de Piso Mínimo”, que contenía los puntos esenciales que, de acuerdo con Salvador, debería incluir la ley.  

Para Salvador la reforma de diciembre de 2024 representa un gran avance en materia de derechos laborales: “Yo la verdad estoy contentísimo”, expresó. Salvador considera que una de las victorias más relevantes de la reforma a la LFT en el capítulo de trabajos especiales de plataformas digitales fue que se mantuvo la flexibilidad. 

“La esencia de este trabajo es la flexibilidad. Si logramos una ley que mantenga eso, y además tenga derechos laborales, va a funcionar”. 

El modelo de trabajo quedó prácticamente igual —expresó Salvador— pero ahora dentro de un marco legal que parte del reconocimiento de la relación laboral, como la inclusión en un esquema de seguridad social, el derecho de revisión, la indemnización ante desconexiones (despidos) injustificadas, entre otros. 

De acuerdo con Salvador el siguiente objetivo es firmar contratos colectivos de trabajo entre ANTRAMEX y las principales empresas de plataformas. Según él, el espacio de organización sindical será el ámbito clave donde se lograrán cubrir vacíos que la ley no contempló.

 “Hay cosas que tienes que pelear en el contrato colectivo de trabajo y es donde estoy buscando que los compañeros nos conjuntemos”.

Tal es el caso del apartado que especifica que en caso de 30 días sin conexión se dará por terminada la relación laboral, y como señala Salvador, 

“En caso de un auto desvielado, por ejemplo, la compostura podría demorar más de treinta días, lo que puede ocasionar que se interrumpa el trabajo. No podemos permitir que eso rompa la relación laboral”, dijo. 

También denunció los mecanismos de crédito que usan algunas plataformas como Didi: 

“Son como tiendas de raya modernas”. Los conductores piden préstamos y luego tienen descuentos significativos por los altos intereses.

En cuanto a la participación de las mujeres en la ANTRAMEX representa aproximadamente un 10% de los afiliados. Esto debido a múltiples razones, desde tareas de cuidado, acoso y violencia. “Las mujeres sufren más los asaltos y el acoso. Y, además, muchas deben pedir permiso para participar”.  Respecto a la implementación de la ley, preocupa la posibilidad de que las empresas de plataforma recurran a recursos legales como el amparo. Uber, por ejemplo, los ha utilizado para evadir regulaciones fiscales y laborales. Además, este tipo de regulaciones pueden terminar siendo financiadas por los mismos trabajadores.

“El gobierno les cobra el 1.5% pero ellos lo descuentan de nuestro pago”, explicó Salvador, por lo que será indispensable tener esto en cuenta para lograr una implementación efectiva de la ley.

En ese mismo sentido, señala que también es necesario atender otras formas de precariedad, por ejemplo, en cuanto a salud. 

“Muchos compañeros tienen problemas renales, de próstata, dolores de espalda. No hay baños, no hay lugares para descansar”, denuncia. Y aunado a esto, señala una cuestión que les aqueja respecto a constantes multas de tránsito y problemas con autoridades de movilidad.

En junio, una vez entre en vigor la nueva ley, planean entregar su documentación para formalizarse como sindicato de trabajadores de plataformas, pero saben que todavía queda un largo camino. Para hacer cumplir la ley, es necesario exigir inspecciones, revisiones algorítmicas y negociar condiciones reales, necesitan volumen de afiliación y legitimidad de la organización. 

“El trabajo de plataformas podría ser uno de los mejores empleos en México”, afirma Salvador. Pero para esto habrá que mantener el dedo en el renglón y fortalecer este proceso de formalización. 

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